Secretaría Anticorrupción indaga señalamientos en contrato millonario de vales de fin de año
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que se encuentra dando seguimiento a un procedimiento de inconformidad relacionado con la licitación nacional de vales electrónicos de despensa, un contrato cuyo monto puede superar los 10 mil millones de pesos.
La revisión se centra en el proceso mediante el cual se adjudicó el contrato a Servicios Broxel, luego de que otra empresa participante impugnara el fallo por presuntas irregularidades en la propuesta económica presentada.
Según el comunicado oficial, la inconformidad fue promovida por Toka Internacional, que señaló que Broxel no habría capturado los precios unitarios requeridos en su oferta, lo que motivó la apertura de investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
El procedimiento licitatorio fue llevado a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 28 de noviembre, bajo el número LA-06-400-006400001-N-19-2025, y tuvo como finalidad cubrir la prestación de fin de año para personas servidoras públicas federales.
La Secretaría Anticorrupción detalló que el contrato contempla el suministro de vales para 206 dependencias, con un periodo de ejecución del 8 al 31 de diciembre, y un rango presupuestal que va de 7 mil 345 millones a 10 mil 338 millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia, la inconformidad es un recurso previsto en la legislación vigente que permite revisar la legalidad de los procesos de contratación y resolverlos conforme a derecho.
En paralelo, durante la conferencia matutina del pasado 23 de diciembre, se señaló que la empresa adjudicada habría manifestado que la bonificación total prevista en el fallo no resultaba viable como negocio, lo que derivó en cuestionamientos públicos sobre el apego a las condiciones establecidas.
Ante este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informar sobre el estado de la revisión y las determinaciones que se adopten. Mientras tanto, la dependencia reiteró su compromiso con la legalidad e integridad en las compras públicas y advirtió que el incumplimiento o el engaño en los procedimientos de contratación tiene consecuencias conforme a la ley.
