Investigaciones contra exgabinete de Cabeza de Vaca acumulan presunto quebranto por más de 2 mil 423 mdp

Perla Reséndez

Ciudad Victoria, Tamps.– A tres años del relevo de gobierno en Tamaulipas, las investigaciones por presuntos actos de corrupción contra exfuncionarios de la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca acumulan un presunto daño patrimonial de 2 mil 423 millones 433 mil pesos, de acuerdo con expedientes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La cifra corresponde a montos específicos observados en distintos expedientes relacionados con las secretarías de Bienestar Social, Salud, Finanzas y Educación, así como con el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), cuyos procesos avanzan en distintas etapas de investigación y judicialización.

De acuerdo con una revisión documental realizada por La Crónica, el universo de las indagatorias comprende casi 100 carpetas de investigación, más de 790 expedientes en trámite y al menos ocho órdenes de aprehensión contra excolaboradores de la pasada administración que permanecen prófugos o fuera del país.

Las investigaciones se originaron a partir de auditorías practicadas tras el cambio de gobierno, las cuales derivaron en denuncias penales, revisiones financieras y procedimientos administrativos por presuntos delitos como peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, desvío de recursos públicos, contratación irregular, simulación de operaciones y cohecho.

El expediente de mayor impacto económico corresponde a la entonces Secretaría de Bienestar Social (Sebien), donde la Fiscalía Anticorrupción investiga la presunta adjudicación irregular de contratos para la adquisición de despensas.

En ese caso, la exsecretaria Yahleel “N” fue vinculada a proceso por presuntamente autorizar, sin licitación pública, cuatro contratos para la compra de 2.4 millones de despensas por 985.2 millones de pesos. Aunque una jueza le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, enfrenta el proceso en libertad debido a la suspensión provisional concedida dentro de un juicio de amparo.

También fue vinculado a proceso el exsecretario de Bienestar Social, Rómulo “G”, por un expediente relacionado con la contratación directa de 2.6 millones de despensas por aproximadamente 650 millones de pesos.

Otro de los casos de mayor relevancia corresponde a la Secretaría de Salud, donde las autoridades investigan un presunto daño patrimonial cercano a 343 millones de pesos, derivado de contratos de mantenimiento hospitalario celebrados durante 2017 y 2018.

En la Secretaría de Finanzas, la extitular María de Lourdes “A” enfrenta proceso penal por presuntamente aplicar de manera distinta recursos públicos por 139.3 millones de pesos.

Las investigaciones también alcanzan a exfuncionarios de las secretarías de Administración, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Obras Públicas, Seguridad Pública y Desarrollo Económico, además del ITACE, organismo donde la Auditoría Superior del Estado observó un posible quebranto superior a 288 millones de pesos.

Hasta ahora, jueces de control han vinculado a proceso a 29 exservidores públicos de nivel medio y superior. Entre los casos concluidos destaca el del exsecretario de Educación, Mario “G”, sentenciado a 19 años de prisión por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

Paralelamente a las investigaciones penales, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que ha impuesto 195 sanciones administrativas, inhabilitado a 134 exservidores públicos —alrededor del 90 por ciento pertenecientes al sexenio 2016-2022— y promovido 85 expedientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa por presuntas faltas graves.

De manera independiente, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta investigaciones en el ámbito federal por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, además de denuncias presentadas por autoridades estatales relacionadas con el presunto uso indebido de atribuciones y facultades.