¿el Poder Judicial sí es independiente, autónomo y no atiende encargos?
Fueron las palabras del presidente Hugo Aguilar Ortíz, al rendir el informe de su primer año de gestión a la cabeza de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, los hechos y las ambiciones personales de Hugo Aguilar y Lenia Batres demuestran lo contrario.
Los datos objetivos, las controversias fiscales, la vulneración del principio de cosa juzgada y la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, entre otros; así como la utilización de las SEFAS (facultades de atracción) para hacer llegar a la SCJN asuntos que desea resolver a favor del estado.
La operación, Lenia Batres en dos asuntos relacionados con el cobro de IVA, que fueron incluidos a las listas de asuntos para ser analizados por la SCJN, fueron retirados al ver que no tenía la mayoría de votos para resolverlos a favor del Estado.
En otros asuntos, Lenia Batres ha pretendido vulnerar el principio de cosa juzgada, pues a pesar de que se trata de expedientes que han sido previamente resueltos y desestimados, ella pretende revivirlos sin importarle tan importante figura para la seguridad jurídica, que es el pilar en el que descansa la impartición de justicia.
La estrategia, cuando Lenia Batres conoce que no tiene la mayoría de los votos, decide retirar los asuntos, sin límite alguno, pues lo hace en mas de una ocasión, para ir presionando por tener los votos a cambio de otros votos o favores en otros asuntos.
El implicado, el presidente Hugo Aguilar permite sin límite alguno que Lenia Batres retire cuantas veces lo solicite los asuntos que, ya estando listados para verse en sesión, sabe que no podrán resolverse como ella quiere, es decir, a favor del Estado sin importar los argumentos.
El motivo subjetivo, todo indica que los motivos de Hugo Aguilar son el futuro de su presidencia y de una probable coyuntura para extenderla, pues quiere garantizar la permanencia de una parte de su equipo una vez que Lenia Batres pudiera ser la siguiente presidenta y, en su caso, tratar de apaciguar la reacción de Batres en caso de lograr su objetivo de extender su mandato.
Esto, solo demuestra que las palabras de Aguilar Ortiz son un mero discurso que disfraza la realidad de la SCJN, que genera cero certeza para la inversión, pues el mensaje es claro, solo importe que el Estado gane y recaude.
Otro lugar en que está sucediendo lo mismo, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que el presidente José Ramón Amieva, solo incluye a la lista de asuntos para resolver en la sesión del Pleno, aquellos que tienen sentido a favor del Estado,
El dato objetivo, basta revisar las listas de asuntos desde que inicio su gestión, para ver que en los asuntos en que el SAT es parte, el 80% de los asuntos listados son los que decretan la validez del acto impugnado.
También basta ver sus expresiones en los eventos diarios que organiza, en los que expresamente señala que su gestión respalda del movimiento (MORENA) y las políticas de la Presidenta.
Olvida que está en un Tribunal cuya máxima debe ser la independencia judicial.
Presume austeridad, pero está preparando un cambio de sede para la Sala Superior del Tribunal, habrá que verificar el uso de esos recursos.
Todo esto parece tener dos vías, la primera, indica que los actuales impartidores de justicia juegan en contra de la Presidenta que busca generar certeza para atraer inversión; o, la segunda, la Presidenta nos engaña al decir que busca mejorar las condiciones económicas para el país.